En la presentación del informe final participó por video el primer comisionado de la entidad, Carlos Castresana.
Alrededor de 400 condenas y más de 70 estructuras desarticuladas es uno de los logros que destacó el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
En el seminario “El legado de justicia en Guatemala”, y entrega del informe de cierre de la comisión, Velásquez y Castresana resaltaron el trabajo de jueces, magistrados y medios de comunicación en apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El actual jefe de la CICIG indicó que la comisión acusó a más de 600 personas, incluidos políticos, empresarios y particulares.
Asimismo, que se presentaron más de 120 casos de alto impacto, se desarticularon 70 estructurales criminales y se presentaron 120 solicitudes de antejuicio.
Durante la presentación del informe final participó la fiscal general, María Consuelo Porras; el presidente del Organismo Judicial, Néstor Vásquez; el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y representantes de la comunidad internacional.
En la actividad se recordaron algunos de los casos en los que ha trabajado la CICIG, entre estos los relacionados con posible financiamiento electoral ilícito, que involucran a empresarios y políticos.
De igual forma, los relacionados con lavado de dinero, en los que están involucrados el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el excandidato a la presidencia, Manuel Antonio Baldizón, a quienes se les han extinguido varias propiedades.
RECUERDA LOS PRIMEROS CASOS
La CICIG fue solicitada en 2006 por el Estado de Guatemala para combatir los cuerpos ilegales incrustados en instituciones públicas. En 2007 empezó a funcionar y fue prorrogada en cuatro ocasiones.
El primer comisionado de la entidad, Carlos Castresana, indicó que al inicio hubo voluntad política por diferentes sectores para el funcionamiento de la CICIG.
Además, recordó la investigación de la muerte del abogado Rosenberg, en 2008, el juicio contra el expresidente Alfonso Portillo, la remoción de dos fiscales general y de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones.
Castresana también indicó que con la comisión los corruptos ahora temen al Estado como resultó de la lucha contra la impunidad, pues disminuyeron lo homicidios de 46 asesinatos por cada 100 mil habitantes a 26 muertes violentas.
Por último, Castresana indicó que se impulsó un mecanismo para que el sistema de justicia volviera a funcionar en el país
VIA PUBLINEWS