Las reformas al Código Procesal Penal, aprobadas por el Congreso de la República, que incorporan el procedimiento de aceptación de cargos para la reducción de penas, abrirá las puertas no solo a los políticos acusados, sino también a los delincuentes comunes, incluidos los pandilleros.
El abogado penalista Rodolfo Pérez Trabanino dice que con estas reformas se está desarticulando el sistema penal del país porque también abarca los delitos que comenten los pandilleros y bandas del criminen organizado dedicadas al robo de carros, celulares, casas, estafas, fraudes y otros delitos contra la seguridad pública, que afectan día a día a la población.
El penalista asegura que la mayoría de estos delitos los contempla el Código Penal y tienen penas menores de 10 años. “Los pandilleros cometen delitos de venta de drogas al menudeo, portación ilegal de armas y otros delitos. Los van a capturar, van a reconocer los hechos, les van a dar Q5.00 diarios de conmuta y el día siguiente saldrán libres. En eso se resume la reforma”.
Pérez Trabanino expresa que la población le está poniendo mucha atención a los casos de los funcionarios que están acusados de corrupción, pero que la cantidad de estos sindicados es irrelevante si se compara con la cantidad de delincuentes que estarían fuera provocando daño a la población por medio de asaltos y robos de todo tipo.
La ley de Aceptación de Cargos, aunque condiciona los beneficios y no alcanzaría a reincidentes, Pérez Trabanino lo ve como una condicionante ambigua, ya que podría entenderse la reincidencia para el mismo delito, no la cantidad de procesos.
“Si a alguien lo capturan por robo y acepta el cargo, lo conmutan; cae por segunda por defraudación lo acepta y lo conmutan; lo capturan por tercera vez por estafa y también queda libre. Es un tema que le pega a todos los guatemaltecos”, explica Pérez Trabanino.
En cuantos las personas que se encuentran sindicadas de corrupción, el abogado penalista dice que estos procesos se encuentran en diferentes momentos, “algunos ya pasaron alguna declaración, otros ya reconocieron los hechos, por lo que en estos momentos no se sabe si necesariamente esta reforma los va a apoyar”.
Dejan fuera los procesos de corrupción
El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José Gonzalez, dice que el problema fundamental de las reformas es que dejan fuera la prohibición de que estas sean aplicables a los delitos y procesos por corrupción. “Aunque establecen algunas restricciones en la aplicabilidad de la aceptación de cargos, lo cierto es que estas no son suficientemente amplias”.
A criterio de González, estas reformas ponen en riesgo una serie de procesos que tienen que ver con el crimen organizado y las estructuras de corrupción, lo que podría generar impunidad, porque, aunque en teoría estén sancionados, “prácticamente la pena no respondería con la afectación jurídica que se estaría teniendo con los bienes que se están lacerando”.
González dice que la aplicación de estas reformas va a tener una implicación sobre los casos que ha trabajado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad porque son los delitos de la Ley contra la Corrupción los que no se encuentran restringidos en esta aplicación. “Entonces cualquiera que pueda cumplir medianamente con los requisitos podrían ser objeto de un beneficio de aceptación de cargos y una reducción de penas”, explica.
Hay que evitar la perversión de las instituciones
El abogado de Impunity Watch opina que la Ley de aceptación de cargos no es un mecanismo necesariamente dañino para el sistema, pero se tiene que resguardar bien la aplicación y en qué tipo de delitos se va a aplicar para evitar que se vuelva una figura de impunidad.
Hay que recordar que uno de los principales problemas de Guatemala es la perversión de instituciones, las cuales pueden ser buenas y razonables dentro de los sistemas judiciales democráticos, pero cuando estas se mal utilizan, porque no respetan los estándares internacionales o no toman en cuenta el impacto que van a tener se pueden convertir en herramientas de impunidad.
González afirma que si esta reforma se pone en práctica tal como fue aprobada en el Congreso de la República, sin mayores restricciones, lo que corresponderá será interponer acciones inconstitucionales para determinar si están acordes con la Constitución y los estándares internacionales.
Otros analistas expertos en el Sector Justicia aseguran que los que están acusados de grandes casos de corrupción como Otto Pérez y Roxana Baldetti, entre otros, no saldrán beneficiados con estas reformas, pero a cambio esperarán la renovación de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones para “comprar jueces” y beneficiarse.
Así también considera que pronto podrían interponerse alguna acción de inconstitucionalidad porque los legisladores pueden decir a los jueces qué hacer de manera genérica, pero no decirle cuestiones específicas, porque se pone en riesgo la independencia judicial.
Puede ayudar
El abogado constituyente Aquiles Faillace, dice que “es una ley aprobada con muy mala intención, pero, sin embargo, es una buena ley”, porque hay situaciones en la vida que las persona pueden enfrentar en el futuro, por ejemplo, un proceso judicial por un accidente de tránsito o una defensa personal contra un asaltante, entre otros, y eso podría ayudar a cualquiera.
Faillace señala que la reforma contiene una inconstitucionalidad en el artículo 10, donde dice que la imputación tendrá el mismo valor que la acusación, lo cual no puede ser, porque el “MP puede decir ‘yo lo acuso de 400 delitos’ y la persona no tiene por qué aceptar nada, hasta que el juez califique los delitos”.
VIA PRENSA LIBRE
