Es domingo por la noche. Una pareja de veinteañeros tiene relaciones sexuales en el interior del auto estacionado en la calle de una colonia de la zona 15. La tenue luz de una linterna interrumpe.
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la estación 4 de la Comisaría 13 tocan el vidrio y en su labor rutinaria preguntan si todo está bien. Hacen bajar al hombre del auto y la mujer queda en el interior. Ahí comienza la historia.
La pareja era sospecha de exhibiciones obscenas y faltas contra las buenas costumbres.
El agente de policía Ubert Reyes Oliva se encarga de revisar el vehículo y se queda con la joven. El otro policía habla con el muchacho y lo aparta del vehículo explicándole el problema que tenían.
En el carro ella y Ubert.
La joven narró ante la Fiscalía contra la Corrupción que el policía -con amenazas de llevárselos detenidos- le hizo insinuaciones sexuales y declaró que terminó agrediéndola sexualmente.
La joven no calló, lo denunció y se sometió al protocolo para obtener dictámenes periciales que probaran de manera científica lo que solo ella podía sentir.
El informe psicológico presentado ante el juez contra delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, describe que la víctima “tiene daño psicológico asociado a los hechos”.
Además, el policía le solicitó el número de celular y, para cerciorarse que le daba el número correcto, le marcó en ese mismo momento, dejando una llamada perdida.
La joven entregó a los fiscales el audio que pudo grabar en medio de la agresión sexual y entregó su celular. Así se pudo corroborar que el policía le dejó la llamada perdida desde su teléfono.
Ubert Reyes fue capturado por estos hechos el pasado 21 de octubre y el juez resolvió ligarlo a proceso penal por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. En la audiencia de primera declaración negó los hechos y dijo que su trabajo fue revisar el carro pero la mujer se molestó.
El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó que el policía “se valió de su puesto para cometer el delito”.
Reyes ahora permanece en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y en dos meses la fiscalía debe concluir la investigación y presentar la acusación para pedir que enfrente juicio.
La pena que contempla el Código Penal es de 5 a 8 años de prisión, la que puede aumentarse en dos terceras partes por ser empleado público.
Su abogado defensor, Diego Alexander Cabrera Camajá, pidió la falta de mérito pero el juez no accedió. El profesional declaró a Soy502 que su cliente cumplió con la actuación de la PNC. El litigante dice que les parece extraño que la joven denunciara los hechos un mes después de lo sucedido.
El otro agente involucrado no está vinculado al proceso penal.
VIA SOY 502
