Los familiares del presidente Jimmy Morales que enfrentan juicio en el caso Botín Registro de la Propiedad solicitaron a los jueces del Tribunal Décimo Tercero de sentencia ser declarados inocentes de los cargos que los acusa la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
José Manuel Morales está acusado de fraude en forma continuada y Samuel “Sammy” Morales de fraude y lavado de dinero. Ambos gozan de medidas sustitutivas y en las conclusiones del Ministerio Público (MP), el fiscal del caso solicitó que se impongan condenas de 8 y 11 años de prisión inconmutables.
Por ser el hijo del Presidente
Iván Morales, abogado defensor de José Manuel Morales, expresó que no se puede obviar el hecho de la calidad de su cliente: ser el hijo del presidente Jimmy Morales. “El ambiente mismo está plagado de morbo por ver qué sucede con el hijo del señor Presidente” dijo en la audiencia.
“Incluso la pertinaz investigación del MP nunca perdió de vista ese detalle, llevando la investigación de mi patrocinado a toda costa. Y a toda costa en este debate y pretendió atribuirle actos que no contaban con una base probatoria ”
Mencionó que la prueba que presentó el MP “no acredita los hechos en contra mi patrocinado” y que el delito de fraude solo puede ser cometido por un funcionario público y José Manuel “no fue funcionario o empleado público”.
Además se señala que el MP “no probó que él consiguió la factura” que le señalan. Con estas conclusiones solicitó que José Manuel Morales sea absuelto al no probarse los hechos por los que se le acusa.
El hermano del mandatario
De Sammy Morales, el abogado defensor Oscar Poroj, expuso “no hubo fraude” y reiteró que se trató de una falta administrativa.
Declaró que lo que en realidad pasó en el Registro General de la Propiedad es que “desde adentro del RGP para cumplir con la obligación que tenían del Pacto Colectivo lo que hicieron fue comprar canastas navideñas y cometieron una falta administrativa”.
Poroj mencionó es que “sino hubo fraude, no puede haber lavado”. Según el defensor el dinero correspondía a venta de canastas navideñas y no se debía a querer sacar ningún dinero. Es una venta un cobro”.
En el juicio se acusa a 23 personas. Figura la exregistradora de la Propiedad, Anabella de León, así como exfuncionarios de Recursos Humanos, Relacionas Públicas y departamento de Compras. Además de los eventos no realizados se juzga la contratación de 16 plazas fantasma.
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