Miles de quetzales salen a la semana de las finanzas de comerciantes, transportistas y personas, muchos de ellos porque en las redes sociales descuidan sus datos personales, circunstancia que es aprovechada por las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y los denominados imitadores.
La jefa de la Fiscalía contra las Extorsiones, Emma Flores, explicó que el 60 por ciento de las extorsiones son ejecutadas por imitadores -personas que fingen ser pandilleros- o por grupos del crimen organizado. Además, reconoce que la corrupción que existe en el Sistema Penitenciario (SP) hace que el combate a las extorsiones sea más difícil.
La fiscal habló con Prensa Libre y señala que las víctimas, obligadas por el temor de ser asesinadas, cancelan los pagos de mano en mano o a través de cuentas bancarias a sus extorsionistas. Por ahora, las denuncias son más porque hay más resultados, pero aún se está lejos de erradicar este delito que afecta a empresarios, profesionales o pequeños comerciantes por igual.
¿Cuántas denuncias son las que se presentan por extorsiones en promedio al día?
Tenemos un promedio aproximado de 15 a 20 denuncias diarias, aunque existen algunos meses en particular, en donde aumenta la cantidad como en junio o en diciembre, porque los grupos organizados, aparte del pago de la extorsión quieren obligar a sus víctimas a pagar un bono extraordinario que se conoce como “Bono” o “Aguinaldo”. En algunas otras ocasiones, después que la fiscalía efectúa operativos, aumentan las denuncias, porque la población, a través de los medios de comunicación, ve las capturas y establece que esa persona también los estaba extorsionando y lo denuncian.
¿Esta sería una de las maneras del combate contra las extorsiones?
Sí, es una de las maneras. La Fiscalía tiene claro que uno de los principales retos es que la población no denuncia y es por eso por lo que nosotros constantemente insistimos en el tema de las denuncias. Parte de lo que estamos trabajando es el tratamiento de las denuncias, establecer que un mismo grupo extorsiona a una víctima. Todo el conjunto de denuncias se une para que cuando se les captura se les procese por todas las extorsiones de todas las víctimas. Por eso tenemos casos en donde se detienen a 40 o 50 sindicados que están relacionados con las denuncias.
¿Quiénes son las víctimas más frecuentes de extorsión?
Según el perfil de las víctimas, serían los comerciantes, los transportistas, pero también tenemos a otro grupo de ciudadanos que, lamentablemente a través de las redes sociales u otros medios hacen publicidad de sus datos personales; entonces, la mayoría de los imitadores toma sus datos de ahí para extorsionarlos.
¿Es nueva modalidad que extorsionen a través de las redes sociales?
Sí, lo que sucede es que algunas personas publican sus datos en las redes sociales y luego -los extorsionistas- se comunican con ellos para amenazarlos, diciéndoles que conocen a su familia, y son fotografías que obtienen de sus usuarios -en redes sociales-, para asustarlos y extorsionarlos.
¿Cómo se da esta modalidad de extorsión?
Hemos tenido varios casos que se han hecho a través de WhatsApp o Facebook. Parte de lo que trabajamos es que un 60 por ciento de las denuncias que ingresan son de imitadores. Estas son personas que se hacen pasar por pandilleros o grupos organizados para asustar a sus víctimas.
Cuántas denuncias tienen registradas de enero hasta la fecha?
Hasta la fecha tenemos registradas 6 mil 118 a nivel nacional.
¿Cómo filtran estas denuncias?
En principio tenemos una sede central y seis agencias departamentales. Un patrón es analizar en dónde se cometió el hecho, hacemos un diagnóstico con un equipo para determinar cuáles pertenecen a cada grupo. Además, tenemos un equipo de trabajo que se dedica a investigar las denuncias de los imitadores. En este caso, la mayoría de las llamadas extorsivas salen de los centros carcelarios, lo cual es un verdadero problema. Luego el resto de las denuncias se van distribuyendo para integrantes del Barrio 18 y para la Mara Salvatrucha, o de otros grupos que son del crimen organizado, como el caso de Quetzaltenango.
¿Cómo han detectado que están compuestos estos grupos de imitadores?
Están compuestos por personas que fingen ser pandilleros y por crimen organizado, es decir que tienen la capacidad operativa para accionar en contra de sus víctimas, pero no pertenecen a pandillas. Hemos detectado que, en algunos casos, se dedicaban al secuestro y ahora cambiaron su modalidad al tema de extorsión, o algunos que están integrados por personas que se separaron de la pandilla y buscan formar su grupo de forma independiente, pero captan a personas que pueden ejercer el sicariato. Es un grupo más pequeño a diferencia de la pandilla y no están sujetos a ellos. Al final la pandilla es una organización criminal jerarca que responde a nivel nacional, si se organizan y quieren cometer un atentado contra alguna empresa, se organizan y lo cometen en distintos puntos de la República, esto los hace altamente violentos. Mientras que el grupo organizado pues tiene menor cantidad y generalmente tiene un territorio más pequeño donde cometen sus acciones criminales.
¿Han determinado una nueva modalidad de extorsión en las denuncias que reciben?
En realidad, no, en su mayoría van hacia el mismo punto. Lo que, sí hemos visto es que existe un cambio eventual en el perfil de la víctima, especialmente los imitadores, quienes en un momento determinado pueden decidir que extorsionan a médicos, abogados, porque les es más fácil conseguir un listado de números telefónicos que corresponde a ese perfil de víctimas. Es altamente rentable, porque si llaman a 20 personas, con dos que logren que les pague al día es suficiente. Es bastante dinero.
¿Están investigando casos sobre supuestas extorsiones a familias de migrantes?
Hemos tenido conocimiento de esos casos, pero en realidad nosotros no podemos tipificarlos como extorsión. Vienen muchos casos en donde las personas denuncian que sus familiares estaban intentando llegar a Estados Unidos, pero son captados en México o en puntos fronterizos con Guatemala, pero están siendo retenidos por grupos de crimen organizado y si no entregan una cantidad de dinero pues van a matarlos. Pero en ese sentido podría tratarse de un secuestro, porque tienen a la persona retenida; al encontrar una privación de libertad se convierte en un tema de secuestro. Hemos tenido casos así y se ha trabajado con la Fiscalía de Secuestros para que determinen si es secuestro. Son frecuentes estos casos y de hecho se ha establecido que quienes amenazan son imitadores, porque al final tienen conocimiento que el familiar se ha ido hacia Estados Unidos y como también tienen conocimiento que es difícil que mantengan información con la familia, y las personas pagan y – al final- no tenían secuestrado a nadie. Existen otros casos que también son frecuentes, en donde las personas que pretender pedir asilo en Estados Unidos denuncian que los están obligando a abandonar el país.
Entonces, ¿estos casos podrían tipificarse como fraude?
Algunos casos sí, porque, aunque recibimos las denuncias, también las verificamos. Cuando los empezamos a cuestionar de donde provienen las amenazas o las llamadas, ellos abandonan el caso o no presentan la denuncia formal, porque lo único que les interesa es tener una constancia que su vida corre peligro. Nosotros notamos eso también porque se les ofrece un protocolo de protección bajo reserva de datos, pero muchos de esos casos piden que el documento salga a su nombre y es porque si van a iniciar un proceso quieren aparecer como denunciantes.
¿Cuántos casos han cuantificado en esta modalidad?
No le puedo cuantificar los casos, pero le puedo decir que aquí en la ciudad -capital- han venido varios, en los cuales se les ha explicado a las personas que tiene que proceder, pero al final ellos dicen que los mandaron. Su perfil es distinto, porque estamos hablando de personas que no son delincuentes y solo buscan llegar a otro país. La misma persona dice que los mandaron porque ‘cuando llegue al país tengo que hacer ese trámite’. Incluso, en los departamentos que son fronterizos son más comunes -las denuncias- porque hemos platicado con elementos de la Policía Nacional Civil de Dipanda -División contra el Desarrollo Criminal de Pandillas-, que cuentan que llega una persona a la que le cuestionaban detalles de la denuncia y había datos que no concordaban, entonces idearon hacerla por escrito. Hasta llegaron personas relacionadas con el traslado de migrantes que llevaba varias denuncias. Se detectaron estos casos porque tiene que ver con el aumento de las denuncias.
El país tiene tendencia a la baja de homicidios, pero las denuncias en extorsiones aumentaron. ¿Esto podría ser porque las personas acceden a pagar y evitar que las maten?
No es cierto, incluso hemos logrado que muchas personas ya no paguen extorsiones. En realidad, si la gente estuviera pagando no tendría ningún sentido que denunciara. Al contrario, muchas de estas personas se les captura y se les incautan armas de fuego. Es simple y evidente que desde que fue creada la fiscalía hubo una disminución en el tema de las muertes violentas y automáticamente aumentaron las denuncias en temas de extorsión. La gente denuncia porque ve resultados en nuestros operativos. Hemos visto que transportistas vienen hasta con cajas de boletas bancarias de hasta ocho años de extorsión. Incluso, a partir del último caso que resolvimos de -la camaronera -en Champerico, Retalhuleu-, vinieron tres empresas de transporte a denunciar, y varios vecinos del lugar, eso aumentó la cantidad de denuncias en ese sector.
¿No se pone aún más en peligro a la víctima, porque, aunque estas personas estén en prisión, pueden atentar en su contra por denunciarlos?
No se les pone en riesgo porque garantizamos la protección de la identidad de las personas. A mí me favorece que vengan más denuncias, porque entonces tengo más sindicados y existen personas con reservas de datos, porque la ley lo permite, y para el sindicado es más difícil saber contra quién ejerce un ataque, porque no sabe quién lo está denunciando. Tenemos mucho cuidado con el tema de víctimas y el tema de protección y que su declaración sea en anticipo de prueba para que no vayan directamente y enfrenten a su extorsionista.
¿A qué se debe que, aunque se desarticulen las estructuras, los extorsionistas siguen operando desde las cárceles?
Es un verdadero problema que existe en el Sistema Penitenciario porque de ahí siguen surgiendo las llamadas extorsivas, de ahí siguen coordinando asesinatos. Se siguen haciendo requisas en coordinación con la PNC o las que ellos realizan directamente, y cada vez que van encuentran teléfonos. Es un gran problema. Ellos tienen instalaciones completas de internet. Si alguien está coordinado asesinatos desde la cárcel, yo puedo, como fiscalía, procesarlo, y puede ser condenada hasta por 300 o 400 años de cárcel pero, ¿de qué sirve? La persona sigue en prisión y aunque se hacen 20 requisas, pasa un par de días y vuelve a tener teléfonos e internet. Deberían de existir controles más efectivos en el Sistema Penitenciario porque si no existen, no funcionan, no importa cuanta gente metamos a la cárcel. Es un tema de corrupción, un tema de hacinamiento, es complicado.
¿Algunos empresarios le han contado si existen algún rubro de su presupuesto para pagar extorsiones?
Sí, hemos sabido que lo tienen. Nosotros lo que les decimos es que tienen que venir, presentar su denuncia y colaborar con las investigaciones. Existen muchos casos en donde se pierden vidas de personas porque están pagando extorsión pero no denuncian. Aunque el transporte urbano está siendo afectado, en donde se ve en las noticias que matan a los pilotos, ellos no denuncian. Se necesita la colaboración de la víctima porque son quienes pueden decir de cuáles números de teléfonos los llaman, que día recogen la extorsión, cuánto pagan, a quién se lo pagan.
¿Han podido determinar cuáles son causas de la extorsión?
La primera es obtener dinero. La segunda, es que utilizan el temor de la población para cometer delitos, porque lo único que se necesita es un teléfono y los datos personales de sus víctimas. En el caso de un imitador, con 30 llamadas que realiza y una persona acceda a la extorsión ya tiene su dinero, son productivos. Juegan con la mente de la gente. pero piensan que si vienen a denunciar no va a pasar nada, cuando tienen a alguien que los está amenazando con matarlos.
¿Cuántos detenidos tienen registrados durante este año?
De enero a la fecha tenemos detenidas a 752 personas señaladas por extorsiones. Tenemos registrados algunos casos de adolescente que se han dedicado al sicariato, porque está la fiscalía especializada que se encarga de conocer sus expedientes. Lamentablemente tenemos mucha participación de adolescentes en sicariato, porque están en temas de traslado de armas de fuego y muertes violentas. En muchas comunidades vemos que hay adolescentes y niños que son captados por los pandilleros, para que aprendan a disparar armas de fuego, como en El Mezquital, zona 12, en donde opera el Barrio 18 o en Canalitos en donde hay presencia de la Mara Salvatrucha. En lo que va del año, también hemos hecho 1 mil 078 allanamientos, nosotros somos muy operativos, hacemos más de tres allanamientos en promedio.
¿Cuáles son los departamentos en donde más denuncias reportan?
Son Guatemala, Quetzaltenango, Chimaltenango, los tres departamentos en donde más denuncias se presentan.
¿Han capturado a extorsionistas salvadoreños y hondureños en el país?
Sí, hemos capturado en Jutiapa, que estaban bajo coordinación con los pandilleros del país. Quienes tenían como una especie de asilo para protegerlos y luego se les da participación en el tema de extorsión.
¿Cuáles son las medidas que se implementan para reducir las extorsiones?
Primero es la prevención, que incluso tenemos anuncios y advertencias de no utilizar cuentas bancarias para el pago de la extorsión en toda la red bancaria. Y es donde el Estado también debería de invertir mayor recurso para prevención. Además, las constantes requisas en los centros carcelarios y también la judicialización de los casos. Asimismo, la coordinación que se mantiene con la PNC.
VIA PRENSA LIBRE