El diputado Estuardo Galdámez considera que el tribunal constitucional habría cometido un golpe de Estado en contra del OJ.
El diputado Estuardo Galdámez, integrante de la bancada Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), anunció que él y varios de sus compañeros presentarán una denuncia en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que votaron para prolongar el mandato de los magistrados judiciales.
Dicho pronunciamiento fue emitido por el congresista este viernes 11 de octubre, en el Palacio Legislativo. El argumento es que este domingo 13 no habrá cambio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en las Salas de Apelaciones.
Según Galdámez:
“Nosotros vamos a presentar una querella formal en contra de los magistrados que votaron a favor de dejar sin efecto la elección de los magistrados “.
Además, dijo que considera que la decisión de la CC sería un golpe de Estado, pues derivado de lo manifestado por esa entidad en la opinión consultiva que le realizó la CSJ se amplió mandato de los magistrados judiciales.
“Consideramos que los plazos constitucionales son fatales y por lo mismo se respetan. En mi caso muy particular, como ciudadano lo digo, es un golpe de Estado por parte de un órgano que no es soberano, que es la CC, hacia un organismo de Estado”.
La magistrada Dina Ochoa votó en contra de sus compañeros por considerar que la función de los magistrados del Organismo Judicial (OJ) debía concluir el día que señala la Constitución.
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GALDÁMEZ EN LA VIDA PÚBLICA
El diputado es originario de Quiché, departamento que ha representado en dos legislaturas.
Durante su juventud estudió en la Escuela Politécnica y se graduó como oficial del Ejército. Además, estudió el curso de kaibil.
Llegó al Congreso en 2012 por el desaparecido Partido Patriota (PP), y en 2015 compitió por la reelección por FCN-Nación.
Fue contratista del Estado antes de iniciar su actividad legislativa.
El Ministerio Público lo vincula al caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”, en el cual se le señala por supuestamente gestionar en el Congreso que se conocieran las iniciativas de ley que eran de interés de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Se solicitó que se le retire el derecho de antejuicio.
También ha tenido señalamientos por supuestamente sobornar a periodistas, principalmente de Quiché, para que trabajen notas informativas a su favor.
Además, compitió por la presidencia por el partido oficial, pero obtuvo el octavo lugar de los más de 20 binomios que participaron en las elecciones generales.
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