En pleno extraordinario los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron admitir 8 de los 10 antejuicios presentados en contra de diputados supuestamente implicados en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”.
La novena diputada que se investigará es Mirma Magnolia Figueroa Resen de Coro supuestamente implicada en el caso Subordinación del poder legislativo al ejecutivo.
La fiscalía tiene indicios que pudo haber cometido delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y violación a la Constitución, al haber aceptado sobornos para votar a favor de la aprobación de determinadas leyes. “Se resuelve admitir para su trámite el antejuicio” declaró el portavoz de la CSJ, Mario Siekavizza.
Asalto a Salud
El portavoz de la CSJ, Mario Siekavizza, informó que se aceptó tramitar los antejuicios presentados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por indicios de “solicitar plazas laborales y ejercer influencia en personal del Ministerio de Salud”.
La CSJ nombrará a los jueces para realizar las pesquisas preliminares y determinar si es viable recomendar retirarles la inmunidad y definir si la investigación avanza para iniciar un proceso penal.
Los 8 diputados para los que se aceptó el antejuicio son:
1. Estuardo Ernesto Galdámez Juárez: Se le señala de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.
2. Aracely Chavarría Cabrera de Recinos. Se le señala de tráfico de influencias. No reelecta.
3. Luis Alberto Contreras Colindres. Se le sindica de tráfico de influencias. Logró reelegirse
4. Marco Antonio Lemus Salguero por tráfico de influencias. No reelecto.
5. Humberto Leonel Sosa Mendoza por tráfico de influencias. No reelecto.
6. Carlos Santiago Nájera Sagastume por tráfico de influencias. Logró reelegirse.
7. José Inés Castillo Martínez por tráfico de influencias. Logró reelegirse.
8. Rodolfo Moisés Castañón Fuentes por tráfico de influencias. No reelecto.
La CSJ aún debe resolver la solicitud de antejuicio que FECI presentó en contra de los diputados Boris España y Ronald Estuardo Arango Ordóñez.
De acuerdo con los indicios que presentó la fiscalía, los diputados habrían participado traficando influencias para favorecer a determinadas empresas para la adjudicación de contratos y en otros casos solicitaron las contrataciones de personal de su confianza. El Ministerio Pública incrimina en este caso a 112
VIA SOY 502
