La Junta Directiva del Congreso presentó una querella penal en contra de los magistrados de la CC Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Matta Vela por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
El motivo de la denuncia es por haber otorgado un amparo provisional que suspendió provisionalmente la comisión que creó el Congreso para investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en los 12 años que estuvo en Guatemala.
La única magistrada que no fue denunciada por los diputados fue Dina Ochoa ya que ella no votó a favor de otorgar dicho amparo.
Este amparo fue promovido por el Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo quienes señalan que dicha comisión es ilegal ya que atenta contra el principio de división de poderes.
Esto obligó a que el Congreso suspendiera las reuniones de dicha comisión, sin embargo, los diputados se siguieron reuniendo para escuchar a las personas que se declaran víctimas de la Cicig.
Pero cuatro días después la Junta Directiva del Congreso denuncia a los magistrados que resolvieron dicho amparo indicando que según el artículo 171 del Constitución Política de la República les permite crear comisiones específicas de investigación.
“El Congreso tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que plantean problemas de interés nacional”, indica un comunicado publicado en las redes oficiales del Congreso.
*Vía Prensa Libre
