En las elecciones de 2019, se eligieron a unos 10 diputados que tienen prohibición constitucional por ser contratistas del Estado, por haber cumplido una condena, además por ser alcaldes y candidatos al Organismo Legislativo.
La organización Primero Guatemala presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La acción busca que sea revisado el listado de diputados electos a quienes ya se les entregaron su credencial.
“Consideramos que hay personas que ya recibieron su credencial pero no cumplen con los requisitos constitucionales”, dijo Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala.
¿CUÁLES SON ESAS PROHIBICIONES?
La Constitución en sus artículos 113 y 164 se refiere a las prohibiciones para que los guatemaltecos opten a un empleo o cargo público.
Según la carta magna, no pueden hacerlo quienes “no atiendan más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez“.
Tampoco los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio.
Ni los que habiendo sido condenados por sentencia firme por delitos contra la administración pública, administración de justicia o delitos contra la delincuencia organizada.
La Constitución también prohibe a los funcionarios que ejerzan jurisdicción en el distrito electoral que lo postule, o que la hubiere ejercido tres meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección.
Entrega de credenciales
El TSE organizó un acto el 3 de septiembre, en el que entregó las credenciales al presidente y vicepresidente electo, así como a quienes integrarán el Congreso y el Parlacen.
Con el acto se confirmó quienes serán los nuevos funcionarios de gobierno, que tomarán posesión de sus cargos a partir del 14 de enero de 2020.
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