Mynor Enrique Lobos Agustín es el joven de 25 años que vendió al Ministerio Público (MP) el edificio de la zona 5 por un valor de 35 millones de quetzales. El MP lo sindica de ser un presta nombres para ocultar la verdadera identidad del dueño del inmueble.
Lobos se encontraba prófugo desde que se le giró la orden de captura en septiembre y se presentó de manera voluntaria para enfrentar la audiencia de primera declaración. La resolución fue ligarlo a proceso y enviarlo a prisión preventiva.
El juez a cargo, José Eduardo Cojulun, lo ligó a proceso por testaferrato. Un delito vigente desde 2012 contemplado en la Ley contra la Corrupción que se aplica a las personas que “prestaren su nombre o razón social para colaborar en la comisión de delito”.
Cojulun le dijo a Lobos Agustín: “Queda ligado a proceso penal, es decir tiene un lazo procesal. Los elementos de convicción del MP sí son fundamentales y apoyan la tesis de vinculación” y rechazó la solicitud de la defensa de declarar la falta de mérito.
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Mynor Lobos figura como representante legal de la empresa Bertram, sociedad anónima, a la que se le adjudicó el contrato de compra-venta del edificio. Pero la fiscalía tiene indicios que no participó directamente en la negociación solo firmaba documentos.
A su nombre se realizaron todas las gestiones administrativas para el negocio, incluso requirió los servicios de corredor inmobiliario de la señora Teresa Concepción Lourdes Leitón Estrada, quien ya enfrentó la audiencia de primera declaración y se resolvió la falta de mérito.
Como indicio que Lobos no es el propietario real de Bertram, la Fiscalía de Asuntos Internos presentó un oficio del Banco Internacional de fecha 14 de diciembre de 2018 donde hacen constar que el firmante de la empresa no es el joven sino William Balz Gallardo, quien se encuentra prófugo.
Se fijo plazo de dos meses al MP para que termine la investigación.
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