La industria da empleo a casi 3 mil trabajadores y tiene contratos con más de 300 proveedores que están afectados, mientras la máxima corte conoce el fallo definitivo.
Los representantes de diversas comunidades de El Estor, Izabal, presentarán a la Corte de Constitucionalidad (CC) memoriales que avalan las consultas comunitarias realizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2005, y que fueron actualizadas en 2018, para que los magistrados los analicen luego del fallo que suspendió las operaciones de la Minera Fénix. Ayer, los comunitarios se presentaron ante la alta corte pero no fueron atendidos.
El pasado 18 de julio, la CC dejó en suspenso las operaciones mineras del proyecto Fénix hasta que se agote el proceso de consulta comunitaria. La industria minera cesó de manera temporal su licencia de derecho de explotación, después fueron notificados por la máxima corte de su fallo, según indicó Mynor Álvarez, representante de la compañía.
Añadió que la solicitud de los líderes comunitarios fue avalada por más de cien comunidades de El Estor, que están a favor para que se retomen las operaciones de la minera, ya que son beneficiados con empleos y comercios informales.
Rosa Bo, alcaldesa de la comunidad Barrio Los Cerritos, explicó que se unió a la solicitud realizada por los líderes comunitarios, en beneficio de los padres de familia que obtienen empleo en la empresa.
Iván Carey, abogado de la Minera Fénix, explicó que los representantes de la comunidades presentarán una solicitud de “auto para mejor fallar” y un memorial para que los magistrados ordenen al MEM que remita los documentos que tienen sobre la consultas comunitarias realizadas en ese lugar y sean analizados.
Sesenta y dos vecinos de El Estor promovieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que reclaman que el Ministro de Energía y Minas no agotó el proceso de consulta comunitaria, previo a otorgar la licencia minera. En marzo de 2018, la CSJ denegó la petición, por lo que los amparistas acudieron a la CC.
En apelación, la alta corte otorgó amparo provisional el 18 de julio pasado y dejó en suspenso la operación minera mientras que se completa el trámite del amparo.
Ante ese fallo, otros pobladores han acudido a la CC para solicitar que declare sin lugar el amparo provisional y se reactiven las operaciones mineras. Además, han presentado Amicus Curiae, en los que exponen su visión sobre la operación de la mina, para que los magistrados tengan elementos de contexto para emitir sus fallos.
ACUDEN A LA CORTEIDH
El pasado 9 de agosto, se anunció que representantes de 16 comunidades de El Estor y tres de Panzós, Alta Verapaz, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para solicitar que los comisionados recomienden al Estado de Guatemala la protección del derecho a la educación, medio ambiente, salud, trabajo y la propiedad de los poblados, bajo el Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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