Las revisiones constantes de la Oficina contra la Tortura en las distintas cárceles del país pondrían en evidencia el abuso de la prisión preventiva, la falta de jueces y violaciones constantes a los derechos humanos de los reos.
Solo, deshidratado, sentado en una poza de agua, en una celda que fue utilizada durante el conflicto armado interno, sin servicio sanitario ni iluminación, así fue localizado recientemente un joven que llevaba unas 12 horas de haber sido detenido por estar bajo efectos de licor y provocar una riña en San Miguel Tutuapa, San Marcos.
En un recorrido de supervisión, relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura encontraron este cuadro como una muestra del abuso al que son sometidos muchos guatemaltecos en un sistema de justicia que, no es que no funcione, sino tiene muchas deficiencias que lo hacen ser, en ocasiones, el verdugo de los ciudadanos.
La improvisada celda donde vivió el joven, quizá, las 12 peores horas de su vida, se encuentra en las instalaciones donde funciona actualmente la municipalidad se San Miguel Tutuapa. Fueron los vecinos del lugar los que detuvieron al señalado y lo entregaron a la Policía Municipal.
“Imagínese, estaba a 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de entre 7 y 8 grados, a veces baja a 5, el señalado fue llevado a ese lugar bajo efectos de licor. Ni siquiera un animal podría estar encerrado en esas condiciones, se recurrió al Juez de Paz, planteamos unos recursos legales y en menos de 24 horas fue liberado”, cuenta Otto Paz, relator de dicha oficina.
Estos casos se repiten a lo largo y ancho del país. En la capital, por ejemplo, el 22 de agosto, en las carceletas de la torre de tribunales falleció Ronald Estuardo Fuentes Cabrera, de 50 años, quien fue consignado por un accidente de tránsito en donde la conductora del otro automóvil resultó herida y fue llevada a un centro asistencial privado.
Representantes de dicha oficina visitaron el sótano de la Torre de Tribunales un día después del deceso de Fuentes Cabrera y comprobaron la desatención en la que esperan las personas detenidas para comparecer ante un juez, desde quienes cometieron un delito grave, hasta los que tuvieron una falta o un accidente de tránsito, como el caso de Fuentes Cabrera, quien necesitaba atención médica, pero, según los relatores, no se le otorgó de inmediato.
En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se confirmó que Fuentes Cabrera falleció por trauma de tórax. El detenido permaneció 15 horas en la carceleta, desde el miércoles 21 de agosto, por un incidente vial por el que iba a ser señalado de lesiones culposas y posiblemente recibiría una medida sustitutiva.
Los relatores comprobaron las condiciones de hacinamiento, suciedad y los malos olores entre los que las personas que están detenidas por algún señalamiento de delito o un hecho de tránsito esperan la audiencia con el juez.
Uno de los testimonios fue el de un reo que estuvo en una carceleta contigua a la de Fuentes Cabrera, donde este falleció.
“Escuché que decían que estaba vomitando sangre y se quejaba, pero no lo atendieron”, dijo el reo.
Una solución inmediata, según Otto Paz, relator titular de la Oficina contra la Tortura, es identificar cuándo es falta y cuándo es un delito, para evitar abusos en el manejo de la prisión.
En el caso de las faltas, el artículo 11 de la Constitución Política de la República establece que el agente captor debe notificarle al detenido que debe comparecer a un juzgado competente en determinado tiempo, si no lo hace, el juez resolverá su situación jurídica, si se ordena su captura, explica Paz.
“Existen privados de libertad por faltas, en la cárcel de Pavoncito (Fraijanes), encontramos personas que infringieron la ley seca en la primera vuelta electoral y pasaron de tres o cuatro meses cumpliendo una sanción sin haber sido escuchados por un juez de paz, ni haberse sometido a un juicio de faltas. Llegó la segunda vuelta electoral y allí estaban”, dice el relator.
Agregó: “El código penal en el artículo 45 refiere que el cumplimento de penas de arresto por faltas no serán mayores a los 60 días, pero hay privados de libertad por sanciones que cumplen más de ese tiempo”.
No debe haber prisión
Paz refirió que en las subestaciones de la Policía Nacional Civil los agentes, e incluso los mandos policiales, desconocen lo establecido en las leyes y en el Código Procesal Penal.
“No lo conocen y es increíble porque que el artículo 11 -de la Constitución Política- reitera que después de la detención la persona será puesta ante el juez en un plazo de una hora, y cuando hablamos con los policías, dicen que lo hacen en un plazo de seis horas, y esto es ilegal, y eso trae consecuencias, como hacinamiento y muerte en las cárceles y carceletas. Por faltas no debe haber prisión”, insiste Paz.
Por su parte, el relator Mario Veras, explicó que en todas la cárceles se reporta algún grado de hacinamiento, en Jalapa, por ejemplo, ya se está implementando un programa de capacitaciones que está presentando resultados en cuanto a la disminución de personas detenidas.
“La mayoría de las policías en las subestaciones ya conocen el articulo 11 y lo están aplicando”, asegura
Lo desconocido
Veras indicó que hasta el momento no hay un informe en donde se haga constancia de que en las carceletas se cumplen los requerimientos internacionales, como el derecho a que el detenido sea evaluado por un médico, o que haga una llamada telefónica.
El encarcelamiento por faltas también provoca que personas que se involucraron en hechos de tránsito sean llevadas a las mismas carceletas donde se encuentran reos peligrosos.
Según la Oficina contra la Tortura, las faltas en las que más incurre la población son en hechos de tránsito y riñas por alcoholismo, situaciones en las cuales, en ocasiones, no es necesario dictar prisión preventiva.
También se menciona que actualmente existen 13 carceletas autorizadas que controla la PNC, estas se ubican en diferentes comisarías y a esos lugares llevan a personas que son consignadas por diferentes situaciones, sin que sean separados de acuerdo con la falta o delito que cometieron.
“No tienen las condiciones adecuadas, es un recurso utilizado por la PNC por no existir lugares adecuados, estos lugares no tienen iluminación, inodoros, agua, lugares donde descansar, guardan humedad, las paredes están rajadas, hay goteras, y hay que recalcar que cualquier persona está vulnerable a estar en esos lugares, por un hecho de tránsito u otras situaciones”, explicó Veras.
Denuncia
En el caso de San Miguel Tutuapa, en donde fue localizado el joven en una celda con condiciones inhumanas, se interpusieron las denuncias en el Ministerio Público y será este ente el que decidirá si hay persecución penal en contra de autoridades ediles que lo mantuvieron por más de 12 horas en esas condiciones
“En una oportunidad, hace cuatro meses, mandamos recomendaciones a la Fiscal General para que se creara una fiscalía que viera temas de denuncias por la demora de los plazos de prisión preventiva. Hay una fiscalía de derechos humanos, pero solo ven denuncias de sindicalistas y del conflicto armado, pero una fiscalía como tal no existe, y por eso no concretizan, no avanzan y diferentes fiscalías tienen estas denuncias”, explicó el Relator Otto Paz.
El relator también aseveró que el sistema penitenciario no ha presentado mil informes que le ha requerido el Instituto de la Defensa Público Penal para que los reos que tienen derecho a redención de penas inicien un proceso ante un juez de ejecución, por lo que los procesos no avanzan.
Paz aseveró que también han presentado varias denuncias en contra del Sistema Penitenciario por alimentos e incumplimiento de contratos, donde se licitan ciertos productos pero al final se les da otros a los privados de libertad.
“A los reos les dan frijol parado con un poco de crema y tortillas en los tres tiempos, y lo sabemos porque hemos verificado, pero cuando saben que iremos en el menú nos han servido pollo frito, carne mechada, pero al preguntarle a los reos dicen que no han probado carne en muchos años”, señaló el relator.
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No cumplen
Según la Oficina contra la Tortura, en varios municipios los jueces de paz no cumplen con su trabajo.
El artículo 106 de la ley organismo judicial dice que un juzgado de paz debe permanecer, si no abierto, en alerta por cualquier situación. En el caso de San Miguel Tutuapa, afuera del juzgado de paz había un rótulo con un número de teléfono a donde comunicarse en caso de emergencia y nadie contestó.
“Imagínese qué pasaría en un caso donde un niño necesita abrigo de inmediato por cualquier razón, y se debe enviar a un albergue o un caso de violencia contra la mujer, no hay nadie disponible en ese juzgado”, lamenta Paz.
El relator reiteró que es la Cámara Penal del Organismo Judicial la que debe supervisar que los juzgados de paz funcionen adecuadamente y ahora han encontrado municipios donde no hay juzgados de paz o un juez de paz cubre varios municipios, como el caso de Tacaná y Comitancillo, en San Marcos, en donde se les informó que habían pasado siete meses y no tenían un juez de paz.
“Solo hay una juez para Ixiguan, Tacaná y Comitancillo -San Marcos-, entonces, cómo harán una justicia pronta y cumplida cuando en el Organismo Judicial existe un listado de jueces esperando su nombramiento”, expresó.
Capacitados
Pablo Castillo, vocero de la PNC, aseveró que desde que se inician los cursos para un aspirante a agente se les da una inducción a las leyes en donde se enfatiza las que tienen procesos judiciales, lo que debería garantizar que todos los policías tienen la capacidad de diferenciar una falta de un delito y actuar de acuerdo con cada situación.
“Se les capacita en lo que dice el Código Procesal Penal y todos los artículos que tienen que ver con la PNC, el agente debe consignar a las personas, ya sea por un delito o una falta y es el juez el que valora si es delito o falta e impone un arresto o una fianza”, acotó.
En cuanto a las carceletas que están en las comisarías, Castillo refirió que son ajenas a la institución policial y las personas son llevadas a esos lugares por órdenes judiciales, a pesar de que la PNC ha recomendado que ya no hagan uso de las instalaciones para esos fines.
Según la PNC, todo conductor bajo efectos de licor puede ser consignados ante un juzgado de turno y ante un juez dilucidar su situación.
Delitos constantes
Felipe Baquiax, presidente de la Cámara Penal del Organismo Judicial, indicó que es “difícil creer que por una falta las personas continúen preventivamente detenidas”, respecto a que relatores encontraron casos de reos que llevaban meses en prisión por infringir la ley seca en la primera vuelta electoral.
“Considero que hubo omisión -de la Oficina contra la Prevención de la Tortura- ya que, de conformidad con la Constitución, está la exhibición personal y puede ser interpuesta por toda persona. Tenían las herramientas constitucionales para plantearla”, explicó el magistrado Baquiax.
El magistrado reconoció que en otros casos la prisión preventiva se ha transformado en una “crisis” debido a la carga de trabajo que tienen los jueces.
“No lo podemos negar, a través de los medios de comunicación se socializa la cantidad de delitos que se cometen a diario y eso repercute. Según estudios de las Naciones Unidas, se recomienda que por cada 100 mil habitantes debe haber 7 jueces, pero lamentablemente en Guatemala por cuestiones presupuestarias solo hay 6 jueces por cada 100 mil habitantes, hay falta de jueces, pero esto también se debe a la falta de presupuesto”, aseveró.
Agregó:” El pasado jueves 31 de octubre se nombraron 15 jueces de primera instancia, porque se van a transformar en pluripersonal los juzgados de primera instancia en torre de Tribunales, así mismo a los juzgados de turno de 24 horas se les asignó un juez B para cada grupo”.
“Es total mente falso, en ningún momento han asignado a un juez para cubrir tres municipios, lo que puede pasar es que se enferme, goce de vacaciones o sea ascendido de Juez de Paz a Instancia, pero son casos eventuales, pero por mínimo tiempo”, subrayó.
Baquiax aseveró que es al juez a quien le corresponde encuadrar si es una falta o un delito el que comete la persona consignada.
“El agente está en la obligación de describir los hechos y efectuar la consignación, no importa si es falta o delito”, puntualizó.
En cuanto a la cancelación de las carceletas que funcionan en las comisarías de la PNC, el magistrado Baquiax indicó que le corresponde al Sistema Penitenciario clausurarlas.
VIA PRENSA LIBRE
