La Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente en torno a Víctor Cruz, juez Décimo Penal, quien supuestamente habría recibido un soborno por haber solicitado la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general, y por recibir seguridad presidencial.
El Ministerio Público (MP) confirmó la apertura del expediente y agregó que obedece a supuestos sobornos que recibió el juez, según publicaciones de prensa.
Según elPeriódico, Cruz habría recibido “un maletín de buen tamaño”, agentes de seguridad del Ministerio de Gobernación y un vehículo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) por haber firmado el 18 de marzo la orden de captura contraAldana.
La publicación revela que, entre el 20 y 22 de marzo, Cruz hizo la solicitud a Gobernación para recibir protección, la cual fue aprobada.
Sin embargo, el ministerio no contaba con vehículo blindado, por lo que solicitó apoyo a la SAAS, que dio la camioneta negra blindada Fortuner P 472 FTT para el servicio de Cruz, según elPeriódico.
José Carreto Miranda, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), según elPeriódico, fue quien recibió el vehículo en la Casa Presidencial para la seguridad de Cruz.
Según el Organismo Judicial, el juez cuenta con “seguridad institucional” desde hace meses, pero desconoce si la SAAS o Gobernación también le brindan ese servicio, lo cual, según el portavoz Mario Siekavizza, está basado en el derecho constitucional de petición.
Por su cargo de juez, Cruz goza de inmunidad.
Cruz fue quien ordenó la captura de Aldana, candidata presidencial proclamada por el Movimiento Semilla, por tres delitos, sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera.
El caso se refiere a su responsabilidad en la contratación del abogado Gustavo Bonilla, quien, según la Fiscalía de Delitos Administrativos, no cumplió con su trabajo de capacitador en esa institución en 2015, para lo cual ganó Q236 mil 774.19.
El contrato establecía que Bonilla debía hacer guías didácticas, guías de trabajo, planes docentes e informes de sus capacitaciones. No obstante, el abogado, actual decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, detuvo el caso en su contra mediante un amparo.
*Vía Prensa Libre
