Cuando Otto Pérez Molina fue comisionado de seguridad en el gobierno de Oscar Berger, lo vinculó a organizaciones de narcotráfico.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) recaba datos e información en la investigación que lleva a cabo por el desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a fin de requerir una orden internacional de detención contra Gustavo Herrera –operador político del Partido Patriota– .
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló este lunes que Herrera tiene vigente una orden de aprehensión y que están recopilando más elementos para solicitar una con fines de extradición, porque se conoce que podría estar refugiado en Nicaragua –protegido por Daniel Ortega–.
En agosto de 2018, el matutino nicaragüense La Prensa informó que el Ministerio de Relaciones -–según la resolución 039-2018 publicada en el Diario Oficial La Gaceta– había dado trámite al asilo político que Herrera solicitó al declararse perseguido políticamente en Guatemala, por lo cual su vida, libertad y seguridad corrían peligro.
Asimismo, él argumentó que tenía una “doble persecución” ya que un juzgado decidió resolver el cierre temporal del caso en su contra, debido a el Ministerio Público (MP) se excedió de un “plazo razonable” para diligenciar las pesquisas.
Gustavo Herrera es conocido como influyente operador para incidir en el nombramiento de integrantes de las Comisiones de Postulación que eligen a los candidatos para ocupar magistraturas.
En abril de 2004, el también empresario fue señalado por el entonces comisionado presidencial de seguridad del gobierno de Óscar Berger, general Otto Pérez Molina, de estar relacionado al narcotráfico.
Empresas ‘offshore’
El viernes pasado, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguraron que las empresas vinculadas a Herrera fueron utilizadas para distribuir el dinero desviado del Seguro Social, según lo publicó elPeriódico.
La compañía anónima Jekyll Propertiers, que fue constituida en las Islas Bahamas y en Guatemala, fue una de las entidades que recibió y transfirió los recursos, señala la investigación de la FECI y la CICIG. La firma fue comprada por un abogado que fue asesinado en 2015 y luego Herrera figuró como firmante.
Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera, fue capturado el viernes pasado por este caso, Gustavo Adolfo Herrera Acevedo, otros de sus herederos, también tiene una orden de detención pendiente de ejecutar.
*Vía El Periódico
