Durante los últimos tres años el Estado no ha ejecutado más de la mitad del presupuesto para la inversión pública, en el 2018 los Codedes disminuyeron más en su ejecución.
El 2018 cerró con un gasto en inversión pública de 58.4%, que son los recursos que el Estado dirige para el desarrollo de la infraestructura y mejorar la vida de los guatemaltecos.
En total fueron Q5 mil 45 millones 344 mil 218 lo que se gastó entre el Ejecutivo, las municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo para estas obras, de un total de Q8 mil 637 millones 645 mil 197 asignados en todo el año, según la página de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
La baja ejecución, sin embargo, no es solo de este año, pues durante el 2017 el gasto fue de 57.60% y en el 2016 se registró el 57.90%.
De los tres sectores que deben gastar, los Consejos Departamentales de Desarrollo llegaron al 36.5%, el más bajo del 2018, y con un retroceso en comparación con lo que habían invertido en los dos años anteriores.
Lo contrario ocurrió con el Ejecutivo, cuyo gasto pasó de 48.1% en el 2016 a 69.2% durante el año pasado, gracias, en gran medida, al incremento de la inversión para la construcción de carreteras.
¿Qué cambió?
Al revisar los proyectos del Ejecutivo se evidencia un aumento en la inversión para infraestructura de carreteras, proyectos a cargo del Ministerio de Comunicaciones.
Al contrario, se redujo el gasto para salud, agua y saneamiento, medio ambiente, turismo y otras actividades de servicios sociales; incluso, en los tres últimos rubros no se asignó nada de presupuesto, por lo que no existió ejecución.
Afecta la economía
La inversión pública es una de las herramientas fundamentales para mejorar y desarrollar el país, señala la exsecretaria de Segeplan, Karin Slowing.
La exfuncionaria afirma que estos proyectos son de infraestructura, de servicios sociales básicos y proyectos de mayor escala que se convierten en “un motor para dinamizar la economía del país”, pues los proyectos se financian con fondos públicos, es decir, con los impuestos de los guatemaltecos, pero las obras las ejecutan empresas privadas, por lo que son generadores de empleo.
Slowing señala que, debido a esa importancia, el hecho de que el gasto sea bajo merece una revisión, en especial del próximo gobierno.
Para Slowing, un fenómeno es el hecho de que los Codedes no ejecutan y que el dinero se traslada a las municipalidades, es decir que se trata de una segunda transferencia.
“Se debe revisar la inversión pública porque cada vez es menor y se hace mal y desordenada” indica.
Para el socio economista Carlos Aníbal Martínez la inversión pública es “la contribución del Estado a la economía” que durante los últimos años ha sido baja.
Martínez señala que “estamos ante la perspectiva de un mayor deterioro de las economía porque el Estado no apoya, no solo en lo político, sino en el gasto público”.
Triple efecto
La falta de la inversión pública afecta en tres áreas, según Martínez.
La primera es en la infraestructura que sirve de respaldo al desarrollo económico; la segunda es el estancamiento en la construcción de infraestructura que apoya al desarrollo social, es decir de los proyectos que benefician a las comunidades.
El tercer efecto, dice el experto, es el deterioro de la política económica de mercado debido a que el Estado no desempeña el papel que le corresponde.
“Podríamos decir que durante los tres años que lleva el gobierno ha mostrado que no tiene un equipo con la suficiente capacidad técnica para ejecutar gasto”, afirma Martínez, quien también recuerda que aunque la ejecución sea alta no significa calidad del gasto: ”la corrupción contamina la calidad del gasto y eso afecta ese bajo nivel de ejecución y lo hace mucho menor”, agregó.
Baja ejecución
La ejecución del Estado en gasto público no ha superó el 60% en el 2018. Este incluye al Ejecutivo, los Codedes y las municipalidades.
Más gasto
El Ejecutivo invirtió más recursos en la reparación de carreteras.
El más bajo
El gasto de los Codedes en inversión pública fue el más bajo, con menos de 40%
Año electoral
En el 2019, que es un año electoral, podría registrarse una mejor ejecución financiera con fines electorales; además, muchas obras podrían quedar comprometidas, señala Karin Slowing. “Puede que se ejecute más que en otros años pero las comunidades seguirán igual porque las obras no llegarán”, asegura.
La preocupación la comparte Carlos Aníbal Martínez, quien señala que “el gasto público seguramente servirá para impulsar al candidato del partido o al que designe la alianza que se creó”.
Martínez se refiere al llamado pacto de corruptos que, señala, “buscarán cómo beneficiarse del presupuesto nacional”.
*Vía Prensa Libre
