Diez personas entre cabecillas y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fueron capturadas bajo la operación Cuscatlán en febrero del 2018 enfrentan este lunes la vista pública por delitos de lavado de dinero y activos y organizaciones terroristas en el Tribunal Especializado de Sentencia “B” de San Salvador.
El fiscal del caso dijo que los imputados son líderes de pandilla o empresarios que se asociaron con el “programa Santa Lucía” para lavar el dinero que la estructura obtenía de manera ilícita. La Fiscalía estima que el juicio se extenderá por dos semanas.
“Los cabecillas, los líderes de la estructura, luego de cobrar las extorsiones, recibir dinero de ventas de droga en el sector, de la venta de las armas, tenían un excedente de dinero ilícito el cual no podían inyectarlo libremente en el comercio o sistema financiero, por lo cual pues ellos observaron que existían empresarios o comerciantes en el sector los cuales tenían relativo éxito, entonces se acercan a estos comerciantes a estos empresarios y les ofrecen que les van a inyectar dinero a cambio de que les entreguen el 70 % de las ganancias y el 30 % de las ganancias iba a ser para la estructura”, dijo el fiscal del caso.
Entre los imputados se encuentran Carlos Antonio Gómez Vásquez, alias “Orko” y señalado como “uno de los cabecillas y ranfleros nacionales” de la MS; José Joel Quinteros Escobar, otro pandillero; Irma Lorena Rodríguez Amaya, empresaria; Florinda Recinos de Bloomaert, empresaria de la ruta 29; José Ernesto Vielman, Melva Rosibel Gómez Martínez y Jackeline Victoria Mejía de Campos.
“Irma Lorena, es una de las personas que tenía los negocios más grandes o el monopolio de negocios en la zona de la Santa Lucia. Llegó a tener hasta siete u ocho negocios en la zona cerca de la iglesia Elim… ella logró, después de tener un solo negocio, tener el monopolio de los negocios en el lugar sin ser extorsionada por la mara que dominaba en el sector”, dijo el fiscal.
Sobre Bloomaert, agregó que “se dedicaba al transporte colectivo y, como lo manifiestan los testigos con régimen de protección, los vehículos del transporte colectivo de su propiedad no sufrían ni atentados de parte de la mara ni extorsiones”.
*Vía La Prensa Gráfica
