Bien descansados y tranquilos, así deben estar los empleados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que son sometidos a una prueba de polígrafo sin contar con la opción de no aceptar el procedimiento.
En los pasillos de la Corte no se habla del tema porque el ambiente es tenso. Aumentó el personal de seguridad y colocaron más cámaras. Los trabajadores ahora permanecen con temor y prefieren no comentar el asunto, menos denunciarlo.
La prueba de polígrafo se empezó a realizar el año pasado. Se aplicó al personal de tareas menores y ahora ya ha pasado al personal técnico, sin que los empleados sepan por qué se hace, para qué, quién maneja la información recolectada y quién cubre estos gastos.
Consultada acerca del tema,Dina Ochoa, magistrada presidenta de la CC, dijo que “la Embajada de Estados Unidos esta realizándolo (el polígrafo)”, sin entrar en más detalles del asunto. Mientras que en la delegación diplomática no comentaron el tema.
De acuerdo con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, “no existe regulación (para efectuar estas pruebas a empleados del Estado), pero están en todo su derecho de poner la denuncia correspondiente”
En este inmueble, ubicado a pocos metros de la embajada de Estados Unidos, en la zona 10 capitalina, se realizan las pruebas del polígrafo a los empleados de la CC.
¿Por qué la prueba del polígrafo?
La principal duda de los empleados de la Corte de Constitucionalidad es el propósito de realizar la prueba del polígrafo. Desconocen el motivo y la forma en la cual se les comunica el día que deben cumplir con esta exigencia, los inquieta más.
Previo a acudir a la zona 10 capitalina, a un inmueble que está a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, no reciben ninguna notificación escrita. Todo es verbal. Ya en el lugar firman una hoja donde queda establecido que se someten de manera “voluntaria” al procedimiento.
Como ocurre en estos casos, primero es una entrevista con la encargada de la prueba, luego responden un formulario y el tercer paso es el polígrafo.
Las preguntas van desde que si ha robado, si pertenece a una estructura criminal y otras más específicas acerca de su trabajo en la CC. Todo es incómodo y agotador. El interrogatorio tarda unas tres horas.
El antecedente, la SAT
En junio de 2015, apenas unos días después del destape de la supuesta estructura de defraudación aduanera, presuntamente encabezada por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como por altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Embajada de EE. UU. ofreció realizar pruebas de polígrafo a los empleados del ente recaudador de impuestos.
EN EL CASO DE LA CC SE DESCONOCE EL PROPÓSITO Y QUIÉN CUBRE LOS COSTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO.
Aparte de lo anterior, existen otras dudas como si se aplicará a los 359 empleados de la Corte, incluidos los magistrados. También si el resultado faculta a las autoridades para despedir personal, y si esta prueba no vulnera los derechos humanos de los trabajadores.
¿Quién manda en la Corte?
Por ahora nadie se atreve a denunciar. El ambiente laboral en estos momentos no es el mejor y quien se atreve a cuestionar alguna determinación, puede estar seguro que se quedará sin trabajo.
A lo interno, la Corte de Constitucionalidad confirma lo que reflejan sus decisiones públicas: inestabilidad.
Los dos bandos están bien definidos. Por un lado la magistrada Gloria Porrasquien influye en las decisiones de los magistrados Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela y, por el otro, Dina Ochoa, que en ocasiones es respaldada por Neftalí Aldana.
El próximo presidente del máximo órgano constitucional asumirá a mediados de abril. El turno será de Bonerge Mejía, de quien los empleados esperan una mejor relación, pero no con mucho entusiasmo, porque saben que es controlado por Porras, la magistrada más joven, pero con mayor experiencia y capacidad para agilizar o retrasar una resolución.
Uno de los últimos hechos que ejemplifica lo anterior sucedió en estos días. La magistrada presidenta Dina Ochoa y el magistrado suplente, Henry Comte, solicitaron grabar la discusión en relación con el expediente 766.2019, del caso Zury Ríos, pero el resto de magistrados, supuestamente encabezados por Porras, se negaron, pese a que esta decisión está basada en la ley que regula las actuaciones de la CC.
*Vía República
