La PGN señala en su denuncia los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Abogados representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.
“El Estado ha analizado varias resoluciones emitidas por la CC y dichas resoluciones pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, estas riñen con la Constitución de la República y con todos los preceptos del ordenamiento jurídico del país.” declaró Evaristo Martínez Farfán, abogado del área penal de la PGN.
Al cuestionarlo sobre cuáles fueron las resoluciones analizadas por la PGN, respondió únicamente que la denuncia contiene 11 folios que respaldan la acción. “Hay tantas resoluciones que no puedo especificar, los documentos son públicos”, dijo.
La PGN explicó, por medio de un comunicado, que los magistrados se atribuyen facultades que no les corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas al Presidente de la República y vulneran principios fundamentales como la legalidad, derecho de defensa y el debido proceso.
CONTRA LA CC
Martínez identificó que los supuestos delitos cometidos por los magistrados denunciados son: prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
El penalista Álvaro Castellanos Howell mencionó que el comunicado de la PGN dicta una sentencia que transgrede el Artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que indica que los magistrados no podrán ser perseguidos por la toma de decisiones.
Agregó que la intencionalidad de la acción es evidente al afectar a tres de los cinco magistrados que han emitido resoluciones.“La función es debilitar el sistema de justicia para apagar a la CICIG y frenar la lucha contra la corrupción, porque no le agradan al Presidente y sus ministros”, mencionó el jurista.
Las opiniones de abogados independientes califican de “torpe” la acción de la PGN, porque la institución debe realizar funciones de consultoría y asesoría y no de denuncia, como lo advierte el Artículo 252 de la Constitución, siendo el Ministerio Público (MP) el encargado de esa tarea.
Añadieron que la Procuraduría se vio forzada y se encuentra al servicio del Presidente para desmantelar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al MP.
Discrepancias
La denuncia se presentó luego que el pleno de la CC, en una votación cuatro a uno, ordenó el pasado viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) emitir, en un plazo de 12 horas, las visas y permisos a 11 profesionales de la CICIG que habían sido expulsados del país.
Sin embargo, la Cancillería presentó un recurso de aclaración y ampliación con seis argumentos con lo que se reprocha la decisión del máximo tribunal constitucional.
Otra de las decisiones tomadas por los togados fue otorgar, por unanimidad, un amparo provisional que ordenó al Ejecutivo permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país. Esto luego que el mandatario Jimmy Morales ordenara a la Dirección General de Migración prohibir su entrada por razones de orden y seguridad pública.
El 27 de agosto de 2017, el presidente Morales declaró persona non grata al jefe de la CICIG. La CC amparó a Velásquez y suspendió esa acción. El máximo tribunal resolvió en definitiva el recurso de amparo interpuesto por el PDH por haber incurrido en ilegalidades.
Los dos togados no denunciados son la presidente de la CC Dina Josefina Ochoa Escribá –designada por el Ejecutivo– y Neftaly Aldana Herrera –designado por la Corte Suprema de Justicia– quienes han razonado sus decisiones en las diferentes resoluciones.
*Vía El Periódico
