Directivos de Acción Ciudadana (AC) presentaron una denuncia contra el presidente Jimmy Morales por difamación y calumnia, debido a que aseguran que el mandatario ha emprendido una campaña de desprestigio contra esa organización no gubernamental.
La denuncia de difamación y calumnia también se hizo contra los diputados Luis Hernández Azmitia y Juan Ramón Lau, quienes los han acusado de recibir donaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otras instituciones nacionales e internacionales, cuando esa situación no es real.
En septiembre pasado, el presidente Morales exigió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que iniciara una investigación contra AC, porque recibió recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hecho que fue negado por la organización no gubernamental y en su momento, el exdirector, Manfredo Marroquín, accionó también contra el mandatario.
Accionan contra “Comisión de la Verdad”
Acción Ciudadana también presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se haga efectiva la resolución que suspendía el trabajo de los diputados que investigan el trabajo que realizó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue desintegrada, pero de inmediato se creó una nueva con otros legisladores y otro nombre.
“La llamada Comisión de la Verdad del Congreso está haciendo exactamente lo mismo que la CC rechazó y por lo cual nos otorgó un amparo. Consideramos que su actuar ha sido ilegal y está afectando competencias del Ministerio Público (MP)”, detalló Edie Cux, director de AC.
Luego que la CC suspendió a través de un amparo otorgado a AC la Comisión que investigaría a la CICIG, el Congreso creó otra instancia denominada “Comisión de la Verdad” que está haciendo el mismo trabajo que la Corte rechazó. (Foto: Archivo/Soy502)
El recién pasado 7 de octubre, la CC otorgó un amparo provisional que suspendió el trabajo que realizaba la Comisión de Investigación de la CICIG por considerar que atentaba contra la autonomía, seguridad, independencia y certeza jurídica del MP. La instancia legislativa fue creada a través de un Acuerdo, pero al quedar en suspenso su labor, crearon otra con similares características.
“La entidad impugnada fue el mismo Congreso, los diputados no pueden actuar de manera personal porque representan a la misma institución. Consideramos que el trabajo que están haciendo es ilegal y hacemos un llamado a la Fiscal General Consuelo Porras para que defienda a su misma institución, porque ya se le está pidiendo, incluso, información sobre personal y casos específicos”, dijo Cux.
VIA SOY 502
