El mandato de la Comisión debe cumplirse, como lo avala la autoridad judicial guatemalteca y el Secretario de Naciones Unidas, afirma comisionado Velásquez.
La Policía Nacional Civil (PNC) retiró a los agentes y autopatrullas asignados para apoyar las labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La acción supone una nueva desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que exhortan al Gobierno de Guatemala a brindar el apoyo para el funcionamiento de la Comisión.
Ayer por la tarde, personal policial acudió a la sede de la CICIG, en la zona 14 capitalina, para entregar la notificación, firmada por el inspector Edgar Ortega, jefe de la Sección de Seguridad de Instalaciones Públicas y Organizaciones No Gubernamentales, de la División de Protección de Personas y Seguridad, de la PNC.
La nota no explica el porqué se retira el apoyo, que supone la única aportación del gobierno para la Comisión, que funciona con financiamiento de la cooperación internacional.
El pasado 9 de enero, la CC dejó en suspenso el acuerdo gubernativo 2-2019 que dispone la suspensión unilateral del mandato de la CICIG. La Corte señala que el gobierno debe cumplir con el mandato de la CICIG, que finaliza en septiembre próximo.
Desde el extranjero, el comisionado Iván Velásquez declaró: “Ahora ha venido un proceso de retorno gradual para llegar nuevamente al cabal cumplimiento del mandato. La premisa es: si el acuerdo está vigente según la autoridad judicial guatemalteca y el Secretario General de las Naciones Unidas, pues entonces la CICIG debe cumplir con la función para la que está establecida”.
En la sede de la CICIG queda el personal administrativo y de servicios, más los abogados e investigadores guatemaltecos, en suma unas 180 personas. El personal internacional fue retirado el pasado 9 de enero, como medida de contingencia de Naciones Unidas. También salieron algunos funcionarios guatemaltecos, que gradualmente han regresado al país.
PORRAS, SIN PRONUNCIARSE
Mientras, en los juzgados y tribunales, la CICIG ha presentado excusas en los casos en los que actúa como querellante. La fiscal general Consuelo Porras no se ha pronunciado acerca del retraso de los procesos ni acerca de cómo las acciones del gobierno inciden en las investigaciones en proceso.
Ayer se consultó nuevamente, pero no se ofreció ninguna declaración.
El pasado 5 de enero, Migración negó el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio, a quien incluyó junto a otros funcionarios de la CICIG en un listado de personas no admisibles “por razones de seguridad nacional”. Ese fue el primer incumplimiento del gobierno a las resoluciones de la CC, por lo que el Ministerio Público coordinó la captura de dos empleados migratorios.
*Vía El Periódico
