El MP y la Feci realizaron 14 allanamientos con la intención de secuestrar información y esclarecer el caso contra Sandra Torres y otros miembros de su partido por financiamiento electoral ilícito. Una de las sedes intervenidas pertenece a una empresa del diputado Julio Ixcamey y otros allegados al partido.
Los fiscales secuestraron documentos contables, financieros y dispositivos electrónicos a varias empresas que tenían como sede algunos de los lugares allanados. Por ejemplo, en el edificio de Oficinas Empresariales, 8a. calle, 9-12, zona 1 en una sola oficina se registraba el domicilio de varias empresas que estarían ligadas al entramado de dinero que habría parado en las cuentas del partido verde.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, luego de una citación en el Congreso confirmó acerca los allanamientos en las zonas 1, 3 y 10.
Las pesquisas de hoy involucran al Grupo Empresarial San Felipe, Sociedad Anónima, a nombre del diputado Ixcamey, a quien el MP pidió levantarle su inmunidad cuando se reveló el caso en el que también se vinculó a la candidata presidencial Sandra Torres.
Una vivienda en la 9a. avenida, 15-55, zona 10, también fue cateada en horas de la tarde, así como oficinas del Centro Empresarial en la zona 10. Nadie quiso confirmar qué empresas estarían bajo investigación, pero una fuente ligada a este caso contó que se indaga sobre las transferencias financieras provenientes de una empresa de venta de artículos a minoristas y una franquicia de restaurantes de comida rápida.
En la zona 5 se buscó la información de una entidad que maneja textiles en la cual se registraron otras ocho a diez empresas de cartón. El lugar allanado terminó siendo una casa particular, mientras que las empresas tienen como domicilio real varias ubicaciones en la zona 1 capitalina. La ubicación de esas firmas estaba en el Almacen Arboleda, Sociedad Anónima.
Otra fuente reveló que se allano una oficina de contabilidad en un edificio de la zona 10.
Diputado Julio Ixcamey de UNE, aportó 1.7 millones de quetzales a la campaña de Sandra Torres en 2017. MP y CICIG sospechan del origen de los fondos.
Reserva
“El propósito es incautar información en relación a una investigación que se encuentra en desarrollo”, se limitó a informar Sandoval sin aportar más detalles.
“Son diligencias normales debido a que hay una investigación que tiene plazo y hay que agotar todas las diligencias que sean necesarias”, agregó.
Sandoval no quiso mencionar que los allanamientos estaban relacionados con el caso de financiamiento electoral no registrado de la UNE de hace cuatro años, debido la resolución del 4 de abril pasado de la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar, titular del Juzgado de Turno de Femicidio, quien dictó medidas cautelares a favor de Torres, y les prohibió a los fiscales “acercarse, perturbar o intimidar” a la presidenciable.
El MP, en un comunicado, informó que se trató de 14 allanamientos. “En algunos de los inmuebles objeto del procedimiento funcionan diversas sociedades anónimas. Se procederá al secuestro de documentos contables, financieros, así como de dispositivos electrónicos para el análisis correspondiente”, indicó.
La investigación a la UNE
El Ministerio público identificó que El Grupo Empresarial San Felipe, movilizó Q1.7 millones hacia la empresa Maariv, S:A que está vinculada al excandidato vicepresidencial del partido UNE, Mario Leal. Además “San Felipe” también aparece ante el Tribunal Supremo Electoral con aportaciones hacia el partido por más de Q3 millones
El 6 de febrero pasado la Feci y la Cicig interpusieron una acción para retirarle la inmunidad a Torres, relacionada con supuestos actos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, hecho ocurridos en el 2015.
El caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a la inmunidad que goza Torres por su condición de candidata presidencial, desde el 6 de febrero pasado.
Los magistrados rechazaron el antejuicio y el MP interpuso un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó a su favor el 17 de mayo último, aunque retiene el expediente hasta que el fallo quede firme y sea devuelto a la CSJ para que se conozca de nuevo.
Señalamiento
El antejuicio también incluye a los diputados de la UNE, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales. La investigación del MP y la Cicig es porque bajo la instrucción de Torres habrían gestionado y recibido aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A., y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.
El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, de acuerdo con la investigación, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75, utilizados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
El caso ya cuenta con en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de la Cicig.
Cateo a Oficinas Empresariales, que está en la 8a. calle, 9-12, zona 1. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
*Vía Prensa Libre
