El exiministro de Salud, Jorge Villavicencio, es señalado como líder de una estructura que se benefició con no menos de Q53 millones en sobornos.
Por su vinculación con una estructura de corrupción en el Ministerio de Salud, que operó entre 2012 y 2012, el MP y la CICIG presentarán antejuicio contra nueve diputados y un alcalde. Además, solicitaron 28 órdenes de captura, de las que las que se han ejecutado 18; y 84 citaciones.
Según el MP y la CICIG, la estructura está liderada por el exministro Jorge Villavicencio y su hija Sara Villavicencio Delgado, quien tenía cercanía con el exdiputado Luis Fernando Pérez.
Los señalados son: Boris España (Independiente); Estuardo Galdámez y Moisés Castañón (FCN-NAción); Aracely Chavarría de Recinos y Luis Contreras (Movimiento Reformador); Antonio Lemus Salguero y José Inés Castillo, (UNE); Humberto Sosa Mendoza (Independiente); y, Ronald Arango, (Todos).
Saul Beltetón, alcalde de Guastatoya también enfrenta solicitud de antejuicio, por el delito de tráfico de influencias.
El caso tiene que ver con la sustracción de fondos públicos mediante tres modalidades, relacionadas con el remozamiento de infraestructura hospitalaria durante situaciones de calamidad y la construcción de hospitales, sin más planificación más allá que el objetivo de desviar fondos públicos hacia estructuras presuntamente lideradas por el diputado Luis Fernando Pérez y Juan de Dios Rodríguez.
Sobornos por no menos de Q53 millones
La adjudicación ilícita de contratos, durante estado de calamidad, para la reparación y remozamiento de obras públicas dañadas por el terremoto en San Marcos y la tormenta N7 por Q131 millones. A cambio de beneficiar a contratistas, vinculados con diputados y personas con influencia, la estructura recibió coimas por Q17 millones.
Durante las pesquisas, que tomaron tres años,también se encontró que proyectos de construcción por Q368 millones fueron dirigidos a ciertos a proveedores, a cambio de coimas, estimadas en un diez por ciento. En este sentido, la estructura se habría beneficiado con sobornos por Q36 millones.
La segunda actividad ilícita detectada es el cobro de comisiones por Q1 millón en la compra de insumos médicos y contratación de publicidad para la cartera de Salud.
Y, el tercer reproche penal es por la contratación ilegal de personal, mediante varias modalidades: el cumplimiento de promesas políticas, que cobraban con cartas de recomendación en las que se detallaba el puesto y salario a devengar; nombramientos para capturar puestos útiles para la estructura; nombramientos a cambio de una comisión del salario y plazas fantasmas para allegados de la estructura. En total, se detectaron 450 plazas fantasmas.
ELPERIODICO