Expertos refieren que el crecimiento urbano desordenado es el principal factor de riesgo en el país, considerado el cuarto en el mundo más vulnerable ante amenazas naturales.
La mañana del 7 de noviembre del 2012 el occidente del país se estremeció con un sismo de 7.2 grados Richter que dejó casi medio centenar de muertos cientos de damnificados y miles de afectados. Los daños se concentraron en el occidente, sobre todo en San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Retalhuleu y Suchitepéquez.
Siete años más tarde pareciera que a los guatemaltecos no les caló la lección, o bien sea, no encuentran alternativas para alejarse del peligro y optan por seguir en áreas de alto riesgo, con miedo y a merced de una tragedia.
Recién la semana pasada fue noticia un deslizamiento en el que varias casas se derrumbaron en Peronia, Villa Nueva, en un barranco, cuyas orillas siguen habitadas por decenas de familias, muchas de las cuales se niegan a abandonar sus hogares porque no tienen a donde ir y que se espera sean evacuadas ahora que se ha decretado estado de Calamidad.
¿Pero, cómo está preparado el país para una amenaza natural? ¿Por qué Guatemala no ha aprendido las lecciones? ¿Qué hace que las personas sigan ocupando barrancos y laderas?
No hay interés por minimizar riesgos
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lo tiene claro. De ocurrir un evento natural de grandes dimensiones, por ejemplo, como el terremoto de 1976, en el área metropolitana podrían ocurrir tragedias sobre todo por la vulnerabilidad en que vive más de medio millón de personas que habitan unos 400 asentamientos en el departamento de Guatemala.
Ante la pregunta de si el país está preparado para soportar un sismo como el terremoto del 2012 en San Marcos, Walter Monroy, subsecretario de Gestión de Riesgos de la Conred, expuso que la gran preocupación no solo es el evento natural como tal, sino también la capacidad de coordinación que puedan tener desde las comunidades.
Alrededor de los municipios del departamento de Guatemala se estiman que hay unos 400 asentamientos con un estimado de más de medio millón de personas asentadas en esos puntos y puede ser que me quede corto con estos números.
Walter Monroy, subdirector de Gestión de Riesgos de la Conred
Reclamó, por ejemplo, que de las 340 municipalidades solo cinco tienen planes de ordenamiento territorial para identificar áreas de riesgo; además, que conforme han crecido las áreas urbanas se han ido autorizando construcción en cualquier lugar, no solo en inminente peligro y lo que es peor sin ningún control de la calidad de la obra ni de los materiales.
Para Monroy, pese a que Conred ha diseñado herramientas, documentos y protocolos sobre cómo enfrentar un fenómeno natural “el gran problema es la falta de compromiso y empoderamiento de los actores de toma de decisiones”; es decir, los alcaldes y gobernadores, quienes de acuerdo con la ley constitutiva de la Coordinadora son coordinadores municipales y departamentales de esta.
“Cuando ocurre un desastre lo primero que hacen los alcaldes es decir que Conred no se ha presentado o que Conred no les informó, cuando también es responsabilidad de ellos”, expuso Monroy.
Para ejemplificar la falta de interés de la mayoría de los alcaldes, Monroy precisó que en una concientización sobre riesgos que se hizo a inicios del 2016 del total de comunas convocadas solo asistieron 70, la mitad de las cuales solo enviaron a un representante y aproximadamente 35 eran alcaldes.
Y el papel que juegan los alcaldes es vital, según el experto en riesgos, puesto que si un jefe edil no es capaz de poner orden en su municipio ni de orientar el crecimiento urbano se queda solo como una figura política.
“Hace falta que los tomadores de decisiones en los territorios, aparte de ser políticos, sepan que tienen una responsabilidad eminentemente técnica con sus municipios para orientar su crecimiento y vigilar que se hagan buenas construcciones con buenos materiales”, comentó Monroy.
Por todo lo anterior, agregó, la principal pena de la Conred está en las capacidades de respuesta ante una emergencia.
“Nuestra preocupación es que nos pegue un evento de esta naturaleza —terremoto de 1976— y no podamos responder”, reconoció Monroy, para quien una óptima gestión de riesgos no se logrará mientras haya funcionarios que no comprendan que el rol de la Conred es técnico y científico y no político.
Avances
Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, afirma que sí ha habido avances para gestionar riesgos en las comunas, aunque reconoce que el nivel de coordinación dependerá del tamaño de la municipalidad y de su capacidad financiera.
Aseguró que, en el caso de Villa Nueva, municipio del cual es alcalde, aseguró que hay coordinación a nivel de las coordinadoras locales para la reducción de desastres, y considera que así están el resto de las comunas por lo menos del departamento de Guatemala.
Escobar dice que la principal limitante que tienen los alcaldes es la capacidad de evacuar las áreas vulnerables puesto que una orden de ese tipo debe emanar desde el gobierno central, no solo porque tiene el monopolio de la fuerza, sino también porque la evacuación debe ir acompañada de soluciones de vivienda.
El alcalde Villa Nueva rechazó que no haya interés del resto de jefes ediles por mejorar la gestión de riesgos, y respecto a la actividad convocada en el 2016 por Conred donde solo asistió apenas el 10% del total de alcaldes, refirió que casi la mitad de ellos les queda lejos la capital.
“Siguen con una mentalidad centralista, todo el mundo quiere que vengan aquí a la capital a buscarlo. El 45% de los alcaldes les queda la capital a más de seis horas. La Conred tiene que ir a dar estos programas a esas regiones, acercarse a los municipios”, aseguró Escobar.
Problema social y económico
Para Florentín Martínez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), la solución para minimizar las poblaciones en riesgo pasa por descentralizar la economía del país, puesto que la capital es el núcleo de actividades comerciales y de servicios, por lo cual las personas tratarán de mudarse a la capital, ya sea de forma permanente o a diario.
Como ejemplo, citó que la ciudad de Guatemala se ha expandido tanto que incluso ahora llega hasta Palín, Escuintla, o Chimaltenango. Esto significa que cientos, tal vez, miles viven en esos lugares para poder trasladarse todos los días a la capital, donde hay más expectativas de hallan un empleo, aunque sea en la informalidad.
Esa expansión es la que ha obligado a miles de personas a subestimar los riesgos e instalarse en los barrancos y otras zonas de riesgo ya que su condición económica no les permite vivir más lejos y trasladarse todos los días a la ciudad. El problema se agrava debido a que, por su misma limitante financiera las viviendas se construyen con materiales de mala calidad.
No obstante, coincide con Monroy al señalar que si hubiera un ordenamiento territorial donde estuvieran identificados los lugares de alto riesgo no se permitirían construcciones en esas áreas. Afirmó que hace tres años varios sectores se unieron para diseñar una política de asentamientos precarios donde se planteaban soluciones, pero ninguna autoridad se preocupó por impulsarla.
Riesgos de todo tipo
Aparte de riesgos por sismos, el país cuenta con una larga y triste experiencia de desastres casuados por fenómenos naturales, desde excesos de lluvias y el paso de tormentas tropicales, como Mitch en 1998; Stan, 2006; y Ágata en el 2010.
Además, la erupción del Volcán de Fuego el año pasado que causó más de 200 muertos, dejó en duda la capacidad de reacción de la Conred ya que pese a que la erupción comenzó desde la mañana no se evacuó a tiempo a las poblaciones ubicadas al pie del coloso.
VIA PRENSA LIBRE
